Solicitan informes sobre contaminación ambiental y su impacto en la salud

La diputada provincial Silvia Simoncini (FJPV-PJ) solicitó al Poder Ejecutivo que informe sobre la
intervención del  Ministerio de Medio Ambiente en la gestión para la instalación de una o más cavas para la disposición final de residuos sólidos en la localidad de Carrizales, ubicada en el departamento Iriondo.

El proyecto presentado este miércoles en la Legislatura fue disparado por la convocatoria de los vecinos de Díaz, Monje y Maciel –lindantes a Carrizales- junto a los presidentes comunales de dichos distritos para expresar su preocupación por la posibilidad de que la empresa Sergen Limpieza instale un depósito de residuos.

La legisladora requirió también conocer si se realizó un estudio de impacto ambiental sobre las localidades antes mencionadas, y también si hubo una instancia de consulta a los habitantes de la zona, debido al impacto que la cava genera en el lugar de radicación y en los distritos lindantes.

Además, pidió saber al Ministerio si existe información sobre otras plantas instaladas por la empresa Sergen Limpieza y otras dedicadas al tratamiento y disposición final de residuos urbanos y patológicos,  sus características y resultados de su funcionamiento en los controles realizados por autoridades competentes; así como también qué proyectos y dispositivos existen en el ámbito de la cartera ambiental en materia de recolección, tratamiento y disposición de los diferentes residuos urbanos domiciliarios, patológicos, de sustancias tóxicas  e industriales.

“El sistema de enterramiento para disposición final de residuos genera dudas acerca del mecanismo de previa clasificación de los desechos, y la posibilidad de su toxicidad. Si a esto sumamos los insuficientes o ausentes controles, el riesgo ambiental crece, no solo para el lugar de radicación de la planta sino para el área que la circunda, por afectación de la tierra, las napas y de arroyos o ríos que reciben los efluentes”, argumentó Simoncini.

La diputada insistió en que “la mayor preocupación que origina la negativa de vecinos y autoridades radica en los antecedentes en nuestra provincia, de plantas similares que terminaron recibiendo residuos patológicos además de los domiciliarios que fueran el argumento principal de su instalación”.

“El Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe es la máxima autoridad responsable de la protección y cuidado de los recursos naturales y la directa injerencia que su deterioro y contaminación tienen sobre la salud humana, de los estudios de impacto ambiental requeridos para la radicación de plantas de tratamiento de cualquier tipo de residuo, de su habilitación y control”, señaló la legisladora peronista.